Comienza el proceso constituyente ciudadano en Catalunya

La ANC y Òmnium quieren un debate en cuatro fases y llevar las conclusiones al Parlament

Catalunya / Diario ARA 30 de enero - El proceso constituyente es el nuevo horizonte de la transición hacia el estado propio en Catalunya. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo mención reiterado en  su discurso de investidura, y tanto Junts pel Sí como la CUP lo consideran la herramienta con mayor potencial para ensanchar la base social independentista. Mientras los partidos deciden el formato que dan a los trabajos de   la comisión de estudio del proceso constituyente  en el Parlamento -que el gobierno español  ya ha llevado al Tribunal Constitucional -, las principales entidades soberanistas hace tiempo que trabajan en un método para organizar la fase ciudadana del proceso constituyente. Las principales entidades soberanistas,  un total de 14, entre las que hay Òmnium y el ANC, han participado en el diseño de un proceso de deliberación ciudadana sobre el nuevo país.Lo han hecho bajo el paraguas de la plataforma Reiniciar, que reúne todas las iniciativas que tienen que ver con el proceso constituyente, y la llaman Convención Constituyente Ciudadana (CCC).

 La propuesta que se está consensuando, a la que ha tenido acceso el ARA y que este sábado se ha avanzado en un acto de la ANC, prevé  cuatro fases que se desarrollarían a lo largo de 2016. El primer paso sería dar a conocer la llamada Convención Constituyente e invitar a los ciudadanos a participar en el proyecto. Con las primeras aportaciones genéricas se elaboraría un documento con los "valores, anhelos y principios" para el nuevo país. La segunda etapa prevista es la deliberación sectorial. Reinicia quiere colaborar con las principales entidades del tejido asociativo -sindicatos, patronales o entidades del tercer sector- para organizar debates con la ciudadanía.

Ámbitos de debate

Los debates se harán a través de  convenciones nacionales por ámbitos temáticos  centradas en: derechos y deberes; bienestar; salud; educación; ciudadanía; cultura; comunicación; conocimiento; medio ambiente;política; justicia; seguridad; economía, e internacional. De cada debate se extrae textos de conclusiones sectoriales, a los que se quisiera sumar   la propuesta de constitución de síntesis  del grupo Constituimos. Esta colaboración, sin embargo, aún se acordará. No sería hasta la tercera fase que se territorializar el debate ciudadano, en el que están previstos debates locales bajo el nombre de la localidad. La cuarta etapa es de "síntesis y priorización" de las propuestas de la Convención.

De todo este proceso en resultarían dos  productos  para entregar al Parlamento:  un libro verde que recogería las propuestas  por temáticas y un informe con propuestas de rango constitucional.

Aunque  el ANC y Òmnium comulgan con el método  diseñado en el marco de Reiniciar, todavía no han concretado el papel que tendrán en el seno de la plataforma, sobre todo en cuanto al presupuesto. Fuentes del ANC aclaran que aún no han definido su "marco de colaboración" con todas las iniciativas. Dirigentes de la entidad consultados apuntan a que para decidir el tempo que deben tener los trabajos de la sociedad civil hay que primero ver la hoja de ruta que fija la comisión de estudio de proceso constituyente del Parlamento. "Para que nuestro debate sea útil, debemos conocer su calendario, ya que le queremos entregar los resultados", apunta un miembro del secretariado. El ANC tiene prevista una reunión del secretariado el 13 de febrero para aprobar su propio plan de trabajo en el proceso constituyente.

Las entidades soberanistas también deberán ponerse de acuerdo con los partidos a la hora de poner en marcha este proceso, y es en este punto donde pueden comenzar a surgir discrepancias. Mientras las entidades trabajan en un proceso deliberativo y participativo, la propuesta de acuerdo entre  Juntos el Sí y la CUP les reserva un papel más pequeño. Considera "preconstituyente" esta fase ciudadana y en concede su "coordinación" en la comisión del proceso constituyente -de "composición institucional" - ciñendo (de momento) el papel de las entidades a organizar una "campaña pedagógica" sobre qué es una Constitución .

Algunas aportaciones jurídicas sobre el "Derecho a Decidir"

En los últimos años los debates sobre el proceso independentista en  Catalunya y Euskadi y

recientemente el caso de Escocia, han puesto sobre la mesa la reivindicación del "Derecho a Decidir" término no explicado suficientemente y que es objeto de confusión.
A continuación reproducimos un interesante artículo publicado por ¿ Hay Justicia ? y otras referencias jurídicas que pueden ser de interés.

Secesiones a la carta.

 El caso de Quebec

Parece que es evidente el incremento del deseo secesionista en Cataluña y País vasco, que también encuentra cada vez más acogida en el resto de España, donde muchos piensan con buenas razones si merece la pena seguir juntos con quienes no quieren, o exigen condiciones especiales y de privilegio para ello.

 Es cierto que ese “secesionismo español” en una creciente opinión pública es algo aún absolutamente tabú en nuestra clase política nacional. Pero no por hacer como que no existen los problemas éstos desaparecen. De hecho, su torpe tratamiento del problema territorial durante las últimas décadas, que ya comentamos en este post está en la base de ese exponencial crecimiento del secesionismo, y ha contribuido de forma notable a nuestra gravísima crisis económica con la hipertrofia autonómica generada.

 Con todo, los principales perjudicados han sido, siguen siendo, y lo serán aún más si la deriva continúa, los habitantes no secesionistas de esos territorios, cuyas opiniones y sentimientos han venido siendo, de forma más o menos sutil, reprimidos, rebajados a “incorrectos”, o incluso en el caso vasco perseguidos con violencia.

 Creo que en España ese problema se ha abordado en general en una forma muy dogmática por ambas partes, tanto nacionalistas como unionistas. Si los nacionalistas desplegaban el estandarte de su autoproclamado como intocable “derecho a decidir”, de su “identidad como pueblo”, y de su correlativo derecho de, los unionistas demasiadas veces han contestado de forma tosca, simplemente alegando el principio constitucional de indisoluble unidad, y la correspondiente ilegalidad de tales pretensiones. La Constitución, por tanto, se ha querido utilizar como argumento y como valladar, como si fuera un muro intocable, cuando no es esa su función. Las leyes, constituciones incluidas, no son sino un mero instrumento de regulación de la convivencia. Y, por tanto, deben ser tan flexibles y adaptables como los problemas que surjan, cambiantes a lo largo de la Historia, lo vayan exigiendo.

 Un vistazo a otras experiencias de tratamientos de problemas territoriales en el mundo puede darnos lecciones de cómo abordarlos política y jurídicamente de otra forma para que no se vayan pudriendo con el peligro de llegar a ser explosivos. Frente a nuestro “estilo dogmático”, a mí, particularmente, me gusta mucho más el enfoque pragmático anglosajón. El caso canadiense de Quebec es, en este sentido, paradigmático.

 La provincia canadiense de Quebec es la única de mayoría francófona en un país mayoritariamente anglófono. Y esa población de habla francesa se ha sentido tradicionalmente discriminada respecto de la mayoría. En los años sesenta surge un fuerte movimiento nacionalista, agrupado en torno al Partido Quebecois, que no oculta su deseo de convocar un referéndum para la secesión pacífica de la provincia. Este partido alcanza el poder provincial en 1976 y en 1980 organiza un primer referéndum en el que se solicita a los ciudadanos quebequeses autorización para negociar, no una independencia pura, sino una fórmula más ambigua de soberanía-asociación. Y es que lo mismo que pasa aquí y en Escocia, al final los secesionistas no lo son tanto. La propuesta, sin embargo, fue rechazada por casi el 60% de los votantes.

 Pero el mismo partido, de nuevo en el poder después de unos años, convoca un nuevo referéndum en 1995, en el que también planteaba otra fórmula de soberanía, pero de la forma complicada y difusa que puede verse aquí. Aunque también el voto fue negativo, esta vez lo fue por un escasísimo margen de décimas. El futuro, por lo tanto, parecía entonces bastante oscuro para los partidarios de un Canadá unido, ante la eventualidad de un futuro tercer referendum.

El Gobierno Federal canadiense decidió entonces acudir en consulta al Tribunal Supremo, que en ese país, como en muchas otras democracias maduras, tiene funciones de interpretación de la Constitución sin necesidad de un tribunal constitucionales diferenciado. La solicitud se refería a que el TS aclarara tanto las condiciones de un posible tercer referéndum como las de un eventual proceso de secesión. Y TS emitió su famoso dictamen de 1998, que puede resumirse en los siguientes puntos:

-Recoge la doctrina internacional clásica respecto al derecho de autodeterminación, que legitima una declaración unilateral de independencia en casos perfectamente tasados, alejados todos ellos del quebequés (y, podemos añadir, de nuestras propias regiones). Atributos particulares de un grupo de ciudadanos , como la lengua, la cultura o la religión, no atribuyen un derecho unilateral a la secesión en un Estado democrático.

-Sin embargo, por aplicación de los principios constitucionales, si el Gobierno de Quebec, en un nuevo proyecto por su independencia, somete a referéndum de su población una pregunta clara (requisito no cumplido en los dos referéndums anteriores), a la que respondiera favorablemente una clara mayoría de quebequeses, existiría una obligación constitucional de negociar las reformas legales que permitieran abrir ese camino. Hay medios que un Estado democrático no debe emplear para retener contra su voluntad a una determinada población concentrada en una parte de su territorio.

-En todo caso, ese resultado debería conseguirse a través de un proceso de negociación basado en la buena fe y el respeto a la democracia y al Estado de derecho. Y tal negociación, tendría que comprender cuestiones sumamente difíciles y complejas. Entre otras, una posible nueva definición de las fronteras. En el caso de que poblaciones concentradas territorialmente en Quebec solicitaran claramente seguir formando parte de Canadá, debería preverse la divisibilidad del territorio quebequés con el mismo espíritu de apertura con el que se aceptaba la divisibilidad del territorio canadiense. Aquí no puede uno dejar de pensar, por ejemplo, en la provincia de Álava, o de ciertas zonas de Vizcaya o incluso de Guipúzcoa.

Recogiendo estas conclusiones, el Parlamento de Canadá aprobó el 29 de junio de 2000 la llamada “Ley sobre la Claridad”, que convierte a Canadá en el primer gran Estado democrático que admite expresamente por ley la posibilidad de su propia divisibilidad. La Ley precisa las circunstancias en las que el gobierno de Canadá podría entablar una negociación sobre la secesión de una de las provincias. Y prohíbe entablarla a menos que la Cámara de los Comunes haya comprobado que la pregunta del referéndum aborda claramente la cuestión de la secesión.

 No valdrían por tanto ambigüedades como la fórmula de soberanía-asociación, frecuentemente encubridora de un buscado estatuto de privilegio, y a las que tan aficionados son nacionalistas como los escoceses y los nuestros. Frente a esa pretensión de determinar unilateralmente y a su conveniencia su estatus, se les dice: “Si quiere usted asociarse, primero independícese usted, y luego ya veremos si nos asociamos o no y cómo”.

La Ley sobre la Claridad también precisa qué elementos deben figurar necesariamente en la agenda de negociación: repartición de activo y pasivo, modificaciones de la frontera del territorio que se separa y la protección de los intereses de las minorías, entre otros.

¿Qué efectos ha tenido esta actuación legislativa en el viejo problema territorial Canadiense? Nos lo contó el político francófono canadiense Stéphane Dion : “En el caso de Canadá este ejercicio de clarificación ha tenido un efecto beneficioso para la unidad nacional. Precisamente, si hay una conclusión que puede extraerse, de manera rotunda, encuesta tras encuesta, es que en respuesta a una pregunta clara, los quebequeses eligen un Canadá unido. La gran mayoría de los quebequeses desean seguir siendo canadienses y no quieren romper los vínculos de lealtad que los unen a sus conciudadanos de las otras regiones de Canadá. No desean que se les obligue a escoger entre su identidad quebequesa y su identidad canadiense. Rechazan las definiciones exclusivas de los términos “pueblo” o “nación”, y desean pertenecer al mismo tiempo al pueblo quebequés y al pueblo canadiense, en este mundo global en el que el cúmulo de identidades constituirá más que nunca una ventaja para abrirse a los demás”.

 De hecho, ni se ha intentado el tercer referéndum, ni la negociación de contrapartidas por quedarse está ya en las agendas políticas. ¿No podríamos aprender nosotros algunas lecciones?

Más información en HJ:
 http://hayderecho.com/2015/10/09/el-derecho-a-decidir-un-breve-analisis-comparado/

Congreso del poder constituyente

Valencia - Durante las dos próximas semanas nuestra web , www.cosntituyentes.org, publicará las intervenciones de destacados académicos en el CONGRESO DEL PODER CONSTITUYENTE efectuado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia

El tema de este debate, que nos involucra a todos y todas, ha sido " Los Contenidos de una Constitución Democrática"

Hoy esta claro que hasta el Rey , incluyendo  los políticos más conservadores,  se han visto obligados ha reconocer que es necesario un cambio constitucional .

En este nuevo escenario político ; ¿Tiene el pueblo algo que decir?

¿Porqué que imprescindible abrir un proceso consituyente donde el pueblo decida que Constitución queremos?

¿ Tiene legitidad democrática una Constitución que no ha sido elaborada por un debate popular desde abajo ? 

¿ Como se debe expresar la voluntad popular?

¿ Nos volverán ha engañar con una democracia que no es real?

¿Sabéis porqué una reforma constitucional hecha por el Parlamento es un engaño y una secuestro de la soberania popular?

¿ Cuales deben ser los contenidos de una Constitución Democrática?

VEA Y ESCUCHE A PROFESORES DE DERECHO CONSTITUCIONAL .
NOS HABLAN ACERCA DEL PODER CONSTITUYENTE DEL PUEBLO EN  www.constituyentes.org

PAH: Carta abierta a los diputados del nuevo Congreso

Señores y señoras diputadas del nuevo Congreso resultante de las elecciones del pasado 20 diciembre del 2015.

Todas las personas que conformamos la PAH nos dirigimos a ustedes para recordarles que hemos puesto sobre la mesa la solución a la emergencia habitacional que actualmente padecen cientos de miles de familias. La solución son 5 demandas de mínimos, que hoy la población ya conoce como las 5 de la PAH. Estas demandas de mínimos son fruto de la experiencia y la lucha de la PAH durante siete años. Los resultados de las elecciones no han dado mayoría suficiente a ningún partido para formar Gobierno ni para legislar sin tener apoyos múltiples, por lo que hacemos un llamamiento para que cualquier pacto de gobierno de cara a la investidura del próximo presidente incluya necesariamente “las 5 de la PAH”. A la vez advertimos de antemano que no reconoceremos la legitimidad de ningún gobierno que no legisle estas demandas en el primer pleno del Congreso tras constituirse. Por otra parte, independientemente de los posibles pactos de Gobierno y de una hipotética investidura, estas 5 medidas deberían ser legisladas por el nuevo Congreso de los Diputados con carácter de urgencia, porque hay vidas en juego y no vamos a tolerar más sufrimiento.

Las 5 demandas de la PAH son:

1. Dación en Pago Retroactiva, para acabar con las deudas impagables de por vida.
2. Alquiler Asequible, garantizando una vía alternativa y estable de acceso a la vivienda.
3. Stop Desahucios, para que ninguna familia más se quede en la calle.
4. Vivienda Social, sostenida con un parque público que se adecue a la población.
5. Suministros Garantizados, acabando así con la pobreza energética.

En septiembre solicitamos reunirnos con cinco fuerzas políticas que aspiraban a gobernar

Portada de Enero de "madrid15M"

para trasladarles la importancia de las 5 de la PAH. Estos partidos fueron el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos, Podemos y Unidad Popular. Desde un principio, nuestra petición fue muy clara: queríamos la inclusión de las 5 de la PAH en sus programas electorales. Tanto Podemos como Unidad Popular incluyeron las demandas en sus programas y se comprometieron a legislarlas, compromiso que vigilaremos para que se cumpla a rajatabla. Sin embargo, tanto el PSOE como Ciudadanos dieron la espalda a varias de nuestras medidas. El PP directamente no se reunió con nosotras, acostumbrado a evitar el diálogo con la ciudadanía. Ante esta situación de bloqueo, acudimos a las sedes y actos electorales del PP, PSOE y Ciudadanos para informarles de la necesidad de las 5 demandas. Más aún, sabiendo que todo el mundo se puede equivocar y que rectificar es de sabios, les dimos la oportunidad de incluir todas las demandas en sus programas y el compromiso de legislarlas tras las elecciones.

La respuesta del PSOE fue asegurar constantemente que asumían las 5 demandas, mientras diputadas de primera línea del partido como Carme Chacón rechazaban reiteradamente de forma pública la dación en pago retroactiva y desde la PAH constatamos que su programa en materia de vivienda realmente no las recogía. Peor fue la respuesta de Albert Rivera, candidato por Ciudadanos, que criminalizó a la PAH acusándola de tener intereses partidistas, intentando desviar el debate en vez de explicar el porqué de su posicionamiento. Ya antes de llegar a cualquier gobierno, Ciudadanos dejó claro su tono. Ante familias que pueden perder la casa en cualquier momento, su estrategia fue el ataque mediático.

Finalmente el PP, que ya pasará a la historia como el partido de los desahucios y la corrupción, siguió haciendo oídos sordos a los reclamos de tantas personas y tapándose los ojos ante tanto sufrimiento. No es de extrañar, pues fue el PP quien bloqueó en 2013 -con probable mandato de la troika- la primera propuesta de solución real perpetuando una ley hipotecaria declarada dos veces como ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nos referimos a la ILP de la PAH en 2013, que fue apoyada por el 90% de la población y avalada por más de 1.500.000 de firmas. De haberse aprobado en ese momento, la dación en pago retroactiva, el alquiler social y una moratoria sobre los desahucios habrían entrado en juego para impedir la situación de emergencia en la que nos encontramos.

No podemos obviar, ni olvidar, que más de 650.000 familias han sufrido procesos de ejecución hipotecaria desde 2007. Muchas de estas familias no sólo han perdido su hogar, sino que tienen que arrastrar de por vida unas deudas hipotecarias impagables e ilegítimas, de las que podrían liberarse mediante la dación en pago retroactiva; de no hacerlo, se les condenará a una situación de permanente exclusión social. Mientras este drama aumentaba, los gobiernos del PSOE y el PP decidieron rescatar a la misma banca que de manera irresponsable había alimentado durante años la burbuja inmobiliaria. La misma banca que ofreció sistemáticamente a las familias hipotecas de alto riesgo que sabía que jamás podrían pagarse. La misma banca protagonista de desfalcos, tramas de corrupción, puertas giratorias, las preferentes y el caso Rato. La banca culpable de la estafa, mal llamada crisis.

En total, más de 165.000 millones de euros de todas las ciudadanas, a las que no se nos consultó en ningún momento, fueron a parar a los bolsillos de la banca. Dinero de todas, cedidos sin ninguna contraprestación social a cambio. Dinero a fondo perdido, que nunca se devolverá y que podría haberse utilizado para rescatar a las familias. Pero la cosa no acaba aquí. Ahora el 51% de los desahucios ya son por alquiler: resultado de la desregulación de precios de los alquileres que han protagonizado el PSOE y el PP durante las últimas décadas. Desalojos frente a los que la administración se ve incapaz de ofrecer una alternativa habitacional dado que España solo tiene un 1% de parque público de vivienda. Un dato indignante teniendo en cuenta la media europea de 18% de parque público, llegando a alcanzar hasta un 30% en Holanda. E incluso incomprensible dado que hay 3.500.000 casas vacías en España. A la falta de un hogar para las familias, se suma la pobreza energética que ya afecta a un 17% de la población. Hablamos de cortes de agua, luz y gas que según datos de la ONU llegan a matar a 10.000 personas al año en España. Mientras tanto, solo Endesa, Gas Natural e Iberdrola ganaron más de 7.000 millones de euros de beneficios en 2014.

Mientras los gobiernos miraban hacia otro lado, en la PAH aprendimos a auto-tutelar nuestros derechos mediante la desobediencia civil  pacífica. Ni siquiera la Ley Mordaza del PP, claro síntoma del miedo que los populares tienen a la ciudadanía nos ha hecho dar un solo paso atrás en nuestras convicciones. A día de hoy, hemos parado miles desahucios y recuperado más de 40 edificios de la banca a través de nuestra campaña Obra Social. A día de hoy, hemos realojado a más de 2.500 personas frente a las 2.000 realojadas por el gobierno del Partido Popular. Hemos realojado más que el gobierno. Nuestro día a día se ha formado con cada familia que acudía a nuestras asambleas para empoderarse y encontrar una solución a su propio caso: hemos conseguido miles de daciones en pago presionando a la banca mediante la solidaridad y el apoyo mutuo. Familia a familia, hoy conformamos más de 220 nodos de la PAH en todo el estado. Plataformas que consiguieron lo imposible en julio de 2015: la aprobación de la primera ley impulsada por la sociedad civil que se atreve a frenar la emergencia habitacional en Cataluña. Fruto de una ILP autonómica de la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC, es conocida hoy como Ley 24/2015, la cual fue amenazada con un amago de recurso al Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Rajoy.

El tiempo nos ha dado la razón y el presente demuestra que nuestras propuestas son totalmente necesarias y realizables. Ahora llega el momento de la verdad. Se ha formado un nuevo Congreso, y cada diputado y diputada debe decidir qué escoge. No se trata únicamente de paralizar los desahucios. Se trata de conquistar, en mayúsculas, el Derecho a la Vivienda. Se trata de recuperar el control democrático sobre nuestros derechos sociales que han sido vulnerados sistemáticamente por bancos y suministradoras, con la complicidad de los gobiernos. Se trata de que España deje de ser una anomalía en la Unión Europea, que deje de ser líder en dejar familias en la calle, para convertirse en punta de lanza global en la defensa de los derechos humanos.

No es fácil tratar de resumir siete años de movilización social para defender el derecho a una vivienda digna. Y si hoy esta carta llega ante ustedes, y es importante, es por la victoria más grande de todas: hemos conseguido romper el silencio, el aislamiento de las miles de familias que han sufrido demasiados años de políticas en beneficio de bancas y suministradoras. Pero hoy en día, no sólo somos las familias organizadas que cada día paran desahucios y consiguen daciones. Con nosotras esta el 90% de la ciudadanía que apoyó la ILP de 2013. Es más, cada día que pasa recibimos más apoyos. El deber de cada uno y una de ustedes, diputados y diputadas, debería ser representar a esta gran mayoría social que aspira a que la próxima generación jamás tenga que sufrir ni un solo desahucio. Demuestren que han llegado para hacer valer el sentido común y el futuro de todas las familias, tal como ya se ha conseguido para la ciudadanía en Catalunya. Interpelen a sus partidos, fuércenlos a un compromiso férreo con las 5 demandas de la PAH, marquen como inaceptable cualquier investidura que no vaya vinculada al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española y no permitan que el nuevo Congreso de los Diputados no legisle para detener esta sangría de una vez por todas. La solución está frente ustedes, la tienen en sus manos, ahora sólo es cuestión de voluntad política. De SU voluntad política. Nosotras seguiremos, no pararemos, y señalizaremos a todo el que se interponga en la protección de nuestros derechos. Y que quede claro, no dudamos que finalmente, conquistaremos el derecho a la vivienda.

¡Dicen que no caben, pero las vamos a meter! ¡Aprueben las 5 de la PAH!

Apoyo económico a Ana Garrido la valiente mujer que denunció en el caso Gürtel

En su ayuda se ha lanzado la Plataforma X la Honestidad, donde está abierto un crowdfunding.

“Pretendemos que lo ocurrido a Ana Garrido no vuelva a ocurrir en un país democrático. Y por eso proponemos la creación de una ‘Cadena X la Honestidad’ entre personas decentes sin esperar nada a cambio, donde cada cual aporte lo mejor de sí mismo buscando una sociedad digna”, explican desde la Plataforma X la Honestidad.

Para ello, han puesto en marcha un crowdfunding (captación de fondos) para que una persona acosada por denunciar corrupción, en este caso Ana Garrido, pueda hacer frente a las acciones legales que muy a su pesar se ha visto obligada a emprender para defenderse de sus acosadores, para que se haga justicia y para limpiar su honor.

Una de las acciones legales que va a emprender Ana Garrido es la denuncia a Francisco -Paco- Marhuenda (director del diario La Razón y tertuliano televisivo) por las presuntas calumnias vertidas públicamente sobre ella en repetidas ocasiones en los espacios televisivos donde participa como contertulio.

Según la Plataforma X la Honestidad, la situación económica de Ana Garrido “es muy delicada”. Tiene que hacer frente a cinco causas y el presupuesto de los letrados con los que hemos contactado ronda los 70.000 euros. Evidentemente, Ana no dispone de este dinero. Entre todos podemos conseguir que los apoltronados sientan el aliento de la ciudadanía en su cogote. Hoy por mí, mañana por ti. Forjemos la Cadena X la Honestidad desde la ciudadanía”.

El número de cuenta donde se pueden realizar las aportaciones. El titular es la ‘Plataforma X la Honestidad’: ES 26 0128 0140 40 0100070943″

IMPORTANTE: Al realizar el ingreso debéis indicar como beneficiario de la aportación a la Plataforma X la Honestidad, ya que si se pone a Ana como beneficiaria, las aportaciones son devueltas por la entidad bancaria al no ser Ana la titular de la cuenta sino la Plataforma X la Honestidad.

Los objetivos de la Plataforma X la Honestidad son:

• Conseguir que todos los partidos se definan (y concreten), sus planes y medidas de acción para proteger a los denunciantes en los casos de corrupción en las instituciones.
• Forjar una estructura que ofrezca a la ciudadanía asesoramiento totalmente independiente de cualquier estamento político para poder desenmascarar a una persona o a un ente corrupto.
• Evitar la paradoja de que los presuntos corruptos se puedan defender y acosar con fondos públicos a los testigos de sus corruptelas mientras que los denunciantes sólo puedan costear los procesos judiciales a coste de su trabajo y su patrimonio.

Página oficial de apoyo a Ana Garrido.www.plataformaxlahonestidad.es

Caso Gürtel: https://ca.wikipedia.org/wiki/Cas_G%C3%BCrtel 

El Observatorio DESC busca afectados por desahucio para una denuncia ante Naciones Unidas

El Observatorio DESC está buscando personas en España a las que hayan desahuciado por impago de hipoteca y a las que la administración no haya dado solución.

Trabajamos para denunciar ante organismos internacionales la situación de miles de familias que han sido desahuciadas sin realojo en España. Por esta razón, queremos encontrar alguna familia desahuciada a partir del mes de mayo de 2013 y que, pese a acudir a Servicios Sociales y a las Oficinas de Vivienda, no haya recibido ninguna oferta de un realojo adecuado.

Si os encontráis en esta situación o conocéis alguna familia que la haya sufrido, contactad con nosotros enviando un correo a la dirección denuncialeyhipotecaria@gmail.com y estudiaremos el caso para poder denunciarlo ante Naciones Unidas y así forzar un cambio en las leyes españolas.

¡Luchar por la garantía del derecho a la vivienda también está en tus manos!

¡ Sí se puede 2016 !