miércoles, 30 de noviembre de 2016

'15MpaRato' emprende acciones legales contra la cúpula del Banco de España por el caso Bankia



publico.es 30/11/16 -  El movimiento '15MpaRato', en su lucha contra la falsedad de las cuentas de Bankia cuando salió a Bolsa el 20 de julio de 2011, lanza una nueva ofensiva mediante una guía para demandar a Bankia.

Desde el 15MpaRato aconsejan a los compradores de acciones de Bankia, entre su salida a Bolsa en 2011 y mayo de 2012, ponerse en contacto con un abogado especializado en temas bancarios, aunque recomiendan que sea un bufete y no atención individual. Una vez decidido el abogado, el movimiento sugiere denunciar a Bankia para terminar recuperando el dinero.
El pasado 27 de enero el Tribunal Supremo desestimó los recursos interpuestos por Bankia contra dos sentencias que decretaron la nulidad de los contratos de compra de acciones emitidas por la entidad, porque hubo error en el consentimiento al existir desfase entre las cifras del folleto informativo y las reales.

La sentencia de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal obligará a la entidad a devolver el dinero de dos suscriptores de su oferta pública de acciones, y abre la vía a miles de nuevas reclamaciones.

Además, también se pronunció acerca de la prejudicialidad, y rechazó que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales por la vía civil. De esta forma, el Supremo rechazó los argumentos de Bankia, y mantiene abiertas las causas en los distintos juzgados españoles a raíz de las demandas de los pequeños inversores.

+ información:

http://www.elboletin.com/economia/142712/15mparato-justicia-ordinaria-cupula-bankia.html

miércoles, 23 de noviembre de 2016

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información pide en el Congreso “una España #SinMordazas”

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado esta mañana en el Registro del Congreso de los Diputados sus demandas a los Grupos Parlamentarios en materia de libertad de expresión y de información para esta XII legislatura.
Se trata de un documento con diez medidas urgentes entregado por la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, junto con la secretaria general de la organización y representantes del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), que incluye la derogación de las normas conocidas como “Leyes Mordaza”, la revisión de los delitos de opinión, la recuperación de la independencia de RTVE, o la protección de los denunciantes (“whistleblowers”).
Toda la info en:



Nace "Salvemos Doñana" iniciativa social para lograr la protección de esta Reserva de la Biosfera

La presentación oficial de la plataforma, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha
contado con una amplia representación de la sociedad civil.
El manifiesto reclama la paralización de los trabajos de almacenamiento de Gas Natural en Doñana, lo han suscrito más de 5.500 personas y se han sumado un centenar de colectivos.
Ha tenido lugar la presentación de la plataforma Salvemos Doñana en la sede de Radiópolis en Sevilla. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil que busca sumar esfuerzos para proteger la Comarca de Dañosa de una de las múltiples amenazas que lo acechan: el proyecto de almacenamiento de Gas Natural. Un proyecto potencialmente muy arriesgado y con muy pocos avales de certeza científica.
Así lo han señalado las personas que han puesto voz a la plataforma en su presentación: Juan Francisco Ojeda, profesor de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) e integrante de la plataforma Ciudadana de Almonte contra el Proyecto de Gas, Lola Yllescas, portavoz de Ecologistas en Acción de Andalucía, y José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz. En sus intervenciones han confirmado el respaldo de la ciudadanía a las reivindicaciones de la plataforma; desde que el manifiesto comenzó a difundirse en septiembre, ha sumado más de 5.500 firmas de ciudadanos particulares y han logrado la adhesión de más de un centenar de organizaciones, entre ellas, sindicatos, plataformas vecinales y ecologistas, asociaciones de agricultores, hermandades o partidos políticos.
En el documento de la plataforma se destaca que “hoy Doñana se encuentra más amenazada que nunca por una actividad incompatible con su naturaleza y con la actual normativa en vigor”, refiriéndose al proyecto de extracción –y posterior inyección– de gas que pretende acometer Gas Natural Fenosa, que quiere convertir el subsuelo del parque en un almacén de gas. Para el colectivo, las autorizaciones otorgadas a este proyecto vulneran la legislación y, sobre todo, “van en contra del interés general, poniendo al servicio de intereses particulares un patrimonio que es de todos y todas”. Por ello, la plataforma Salvemos Doñana exige a las administraciones, tanto central como regional, que pongan en marcha “de forma inmediata” las medidas legales y jurídicas que permitan la paralización de este proyecto, “cuyas consecuencias sufriremos todos y todas”.
Tal y como ha señalado Juan Romero, portavoz de la plataforma y miembro de Ecologistas en Acción, “los cuatro proyectos de almacenamiento de gas en el yacimiento Marisma afectan a espacios naturales con algún tipo de protección". Además de los dos que no obtuvieron la Autorización Ambiental Unificada (AAU) por estar en el Entorno Natural Doñana, los otros dos, Marismas Occidental y Aznalcázar, afectan parcialmente a la Red Natura 2000, incluso el más alejado afecta al Corredor Verde del Guadiamar. "Todo ello”, continúa Romero, "exige el estudio de afección sinérgica que la Unión Europea exige y aplicar el principio de precaución por los déficits detectados en la evaluación de la afección a Red Natura 2000 por no estar asegurado que no causen perjuicio a la integridad de la comarca. Por ello, nos oponemos al proyecto de industrializar el subsuelo de Doñana".
Romero también ha recalcado que “aunque el proyecto Marismas Occidental tenga de momento los parabienes administrativos necesarios para ejecutarse, tenemos que pensar en experiencias similares. Hay una bastante reciente, que es el yacimiento Castor en el mar frente a la costa de Castellón, que tuvo que ser detenido y desistido tras más de 400 movimientos sísmicos que ya se ha demostrado que provocó. En Doñana no queremos comprobarlo, es en tierra y la complejidad tectónica de la zona está siendo puesta en la palestra estos días con estudios geológicos recientes. Volvemos al principio de precaución, sin certezas no debe permitirse el proyecto de Gas Natural, desde la Plataforma Salvemos Doñana nos oponemos al método ensayo-error en Doñana". El portavoz de la plataforma ha incidido en que además de los riesgos sísmicos, hay riesgo de posible contaminación del acuífero durante el desarrollo de los trabajos, puesto que hay que hacer las perforaciones a través de la masa de agua con productos muy peligrosos.
El colectivo insiste así en que la actividad de extracción y almacenamiento de gas en esta zona “no es compatible con el desarrollo sostenible en Doñana y su entorno”, y reprocha que toda la inversión destinada en las últimas décadas a su conservación, así como el esfuerzo de la ciudadanía, que durante todos estos años sí ha adaptado su actividad económica y sus modos de vida para conservar Doñana, “se pretendan tirar a la basura para el único beneficio de una empresa privada”.
“No lo vamos a permitir”, señalan desde la plataforma, que seguirá buscando adhesiones en las próximas semanas, difundiendo su manifiesto a nivel nacional e internacional e instalando mesas informativas en las calles de nuestros pueblos y ciudades “para concienciar a la ciudadanía de lo que nos jugamos si permitimos que este proyecto siga adelante”. Asimismo, la plataforma Salvemos Doñana tiene previsto convocar una gran movilización durante el mes de noviembre en la que visibilizará en la calle la oposición de la mayoría ciudadana al proyecto gasístico. “Seguiremos informando a la ciudadanía sobre los valores y la riqueza de este espacio para que entre todos y todas garanticemos su conservación, y trabajaremos con todos los sectores económicos y colectivos locales de la comarca para hacer de Doñana un ejemplo en el mundo, de riqueza natural, calidad de vida y desarrollo sostenible”, concluyen desde el colectivo.

MANIFIESTO
http://www.ecologistasenaccion.org/article32972.html

domingo, 20 de noviembre de 2016

La Asociación de Municipios Independentistas de Catalunya aprueba trabajar el 6 de diciembre día de la Constitución

COMUNICADO /  https://www.facebook.com/municipisindependencia/ - La Asociación de Municipios por la Independencia  (AMI) propone estos actos el día que se celebra la aprobación de la Constitución española y donde se quiere que se haga la lectura de un manifiesto reivindicando los derechos nacionales de Cataluña y el bloqueo que ésta supone en el avance nacional y social del país. El AMI entiende que este tipo de acción, que revierte directamente en los ciudadanos, visualiza, «dentro de la pluralidad política de todos los ayuntamientos catalanes», como los cargos electos dan servicio «los 365 días del año", según ha explicado la presidenta de la entidad, Neus Lloveras. + INFO  www.ami.cat


El juez Santi Vidal: La desconexión jurídica real llegará en julio o agosto de 2017 '













El juez y portavoz de ERC en el Senado español, Santiago Vidal,  
ha dicho esta mañana que 'la desconexión jurídica real llegará  
en julio o agosto de 2017'. Vidal ha señalado que previamente  
-entre abril y mayo del año próximo- podría estar listo el  
nuevo marco jurídico catalán para así poder convocar el referéndum.  
'Será entonces cuando previsiblemente España suspenderá todo  
el marco que estamos haciendo . Y es entonces cuando tocará la desconexión ', 
 afirmó el juez en el programa' El Suplemento 'de Catalunya Ràdio.
Paralelamente, este lunes el Tribunal Supremo (TS) comunicará 
 a Santiago Vidal si revoca o no su suspensión de empleo y sueldo  
durante tres años por haber elaborado una propuesta de constitución  
catalana. Si la sentencia le es favorable, el juez ha avanzado que  
dejará su plaza en el Senado y que pedirá 'daños y perjuicios'. 
 'Si el recurso prospera, pediré la dimisión del presidente del  
Consejo General del Poder Judicial', agregó Vidal.

domingo, 13 de noviembre de 2016

El Ayuntamiento de Madrid comienza a encontrar irregularidades en la venta de viviendas sociales a Fondos buitres


MADRID / eldiario.es - El negocio de los fondos buitre con las viviendas sociales de Madrid ha vivido esta semana un nuevo capítulo con la revelación de la concejal de Equidad y Derechos Sociales, Marta Higueras. Según ha explicado, esos fondos avisaban al Ayuntamiento de las familias a las que iban a desahuciar de sus casas de protección oficial, para que se las recolocase en otras viviendas. Ni policía ni protestas en las puertas de las casas. Un desahucio tranquilo con la connivencia de las autoridades para evitar imágenes desagradables.
La expresión “negocio redondo” es de la propia edil, que en una intervención ante el pleno del Ayuntamiento el pasado martes relató las prácticas de los fondos buitre con las viviendas propiedad de la Empresas Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Higueras es ahora su presidenta y la encargada de hacer públicas las irregularidades que el nuevo equipo municipal se va encontrando.
“Es una burla a los ciudadanos que el Ayuntamiento, el que debe ser el garante de la política social, es el que les haya puesto en esta situación tan difícil”, dijo en referencia a los desahuciados. La edil expresó así su indignación sobre una actuación que ha recibido ahora el reproche de la Cámara de Cuentas, y frente a la que el Consistorio tiene poco margen de maniobra.
Higueras hizo un relato de cómo se produjo, entre 2012 y 2013, la venta de casi 3.000 viviendas de protección social, 1.860 de las cuales se quedó Fidere-Blackstone, un fondo buitre. Se vendieron promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos, y en base al informe de una consultora que, como respuesta a los problemas económicos de la EMVS, solo dio una solución: vender los pisos sociales.
Esa consultora era PriceWaterhouseCoopers (PWC), que además de asesorar al Ayuntamiento también prestaba sus servicios a la empresa adjudicataria. A la Cámara de Cuentas este hecho le parece cuestionable. Además, PWC entregó el informe que recomendaba vender los pisos cinco meses después de que el Ayuntamiento hubiese iniciado ya los trámites para deshacerse de ellos. El nuevo gobierno municipal cree que ese documento fue, por tanto, una manera de justificar una actuación ya planeada.
Se presentaron cinco ofertas por los pisos, cuyos detalles se entregaron en mano al concejal competente de la administración de Ana Botella. “En un procedimiento irregular”, relató Higueras, se seleccionó una oferta que ni siquiera era la más cuantiosa en términos económicos. La Cámara de Cuentas ha revelado ahora que las empresas que se presentaron al concurso contaron con información privilegiada que les entregó el propio Ayuntamiento, en un procedimiento que no contó con los necesarios pliegos de condiciones.
Lo que ocurrió tras la venta es de dominio público. Los nuevos propietarios de las viviendas decidieron subir el precio de los alquileres y de los suministros. Muchas familias empezaron a no poder pagar, y se vieron abocadas a un desahucio. Sin embargo, los fondos buitre siempre han alegado que ellos no han echado a nadie de sus casas. Sobre este punto se han conocido ahora nuevos detalles.
La concejal de Equidad ha explicado que los fondos buitre entregaban al Ayuntamiento listas con las familias a las que pensaban desahuciar, para que la EMVS se hiciese cargo de realojarlas en otras viviendas sociales. Lo sabe porque ella misma ha recibido algunas de esas listas, con las que los fondos buitre querían evitar la incomodidad de un desahucio, y pedían la colaboración del Consistorio.
“Es un negocio redondo, compran viviendas sociales baratas, incrementan abusivamente el alquiler a familias vulnerables que no pueden pagarlo, y les desahucian sin ruido, sin asumir el coste social de estar lanzando a estas familias”, resumía Marta Higueras ante el pleno. Explicó que ya se ha puesto fin a esta práctica, y que el Ayuntamiento no quiere buscar viviendas a los desahuciados, sino evitar que se les eche de sus casas.
Higueras relató con indignación cómo los listados que le había hecho llegar el fondo buitre contenían todo tipo de detalles sobre la situación de extrema precariedad de las familias. Sin embargo, Blackstone no mostraba intención de renegociar los alquileres o dar una solución. Eso lo dejaba en manos del Ayuntamiento. Ellos solo querían deshacerse de los inquilinos.

Ingeniería jurídica digna de estudio

Mientras soluciona este nuevo frente, el gobierno municipal está a la espera del informe definitivo de la Cámara de Cuentas. El anteproyecto recoge numerosas irregularidades en la venta de viviendas y concluía que "vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. Con el documento final, el Ayuntamiento decidirá cómo actúa, pero no lo tiene fácil.
El proceso de venta de las viviendas sociales a fondos buitres “es digno de una ingeniería jurídica digna de estudio en las facultades de derecho”. Higueras no ocultó en la comparecencia su pesimismo sobre las posibilidades del Consistorio para revertir la situación. “Es muy complicado”, admitió. El Ayuntamiento está a la espera de un informe jurídico que recoja sus posibles vías de acción.
Lo más probable es que ese informe no arroje soluciones fáciles. Según pudo saber eldiario.es, la única posibilidad de deshacer la venta de las viviendas ocasionaría un gasto millonario al Ayuntamiento. Los fondos buitre se encargaron de dejarlo todo bien atado para que no hubiese sorpresas en el futuro.
Mientras, el PP se muestra como la víctima de este proceso en el que se van conociendo nuevos detalles sobre la venta de pisos sociales. Los populares repiten que se busca “criminalizar” su labor, y lo relacionan con otras informaciones aparecidas en los últimos meses, como las de Mercamadrid.
“Se tuvo que hacer porque estábamos en crisis”. Ese es el argumento que esgrimió el concejal popular José Luis Martínez-Almeida en el pleno del pasado martes. Defendió la labor de los anteriores gestores y esgrimió varias sentencias que avalaban la venta de los pisos sociales.
A pesar de esa confianza en la legalidad del proceso, el PP ha afeado a Higueras que haya abierto la posibilidad de llevar los indicios de irregularidades ante la fiscalía tras las revelaciones de la Cámara de Cuentas. Sería hacerles perder el tiempo, aseguró Martínez-Almeida. Los populares también se quedaron solo en su oposición  a que se elaborase un informe jurídico sobre la venta de los pisos.

sábado, 5 de noviembre de 2016

Rajoy jura el cargo


Se olvida que además lo hace con una mano en la Constitución que se pasa por el forro 
y otra en la Biblia que no se miró ni para la comunión.