Presentación pública del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 1/2013 / ÁLVARO MINGUITO
DIAGONAL - La Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, sería inconstitucional según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, cuyo equipo jurídico, junto con profesores de Derecho Constitucional, ha detectado al menos seis puntos que no serían compatibles con la Carta Magna. Por ello, en rueda de prensa, la plataforma ha hecho público hoy contra esta ley un recurso de inconstitucionalidad que pretende presentar ante el Tribunal Constitucional antes de la fecha límite del 16 de agosto.
“Queremos denunciar la baja calidad democrática que tenemos en nuestro país, que no permite que la sociedad civil pueda presentar un recurso de inconstitucionalidad y nos vemos en la obligación de emplazar a aquellos que sí pueden hacerlo”, ha explicado a este medio Rafa Mayoral, asesor jurídico de la PAH, en referencia al hecho de que el recurso tan sólo puede presentarse con el aval de 50 diputados, 50 senadores o la Defensoría del Pueblo. Por ello, se ha iniciado una campaña para lograr que quienes están capacitados para ello avalen el texto. De momento, el grupo parlamentario Izquierda Plural, formado por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y Chunta Aragonesista, además de Esquerra Republicana de Catalunya y Compromís, se han comprometido a aportar su aval. Sin embargo, entre todos no suman 50 diputados, lo que haría necesario el aval de representantes del PSOE. Este partido, que hasta este momento no había mostrado ninguna intención de recurrir la ley, “cuando han visto la presión social que podían encontrarse dicen que lo van a presentar haciendo unas modificaciones”, explica Rafa Mayoral, pero la PAH emplaza a todos a avalar directamente el texto presentado por la sociedad civil.
Los 6 puntos del recurso
Seis son los puntos de inconstitucionalidad según el equipo jurídico. El primero, según Mayoral, es que se trata de una “ley de punto final, que plantea que nos olvidemos de que ha habido cientos de miles de ejecuciones hipotecarias donde se ha violado el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva”. En segundo lugar, el texto sigue planteando que se produzcan desalojos forzosos sin alternativa habitacional, “en violación flagrante del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. El tercer punto se refiere a que los menores a partir de tres años pueden ser desahuciados, lo que supondría una violación de la Convención de Derechos del Niño y el principio de igualdad.
En cuarto lugar, se produce una “violación de principios básicos procesales, ya que se siguen dando más armas procesales al ejecutante que al ejecutado, cuando deberían tener igualdad de armas en el procedimiento”. El quinto punto hace referencia al mantenimiento de los procedimientos de ejecución extrajudicial, es decir, a los que se producen ante notario. Por último, “se intenta definir el derecho a la vivienda en torno al fondo social de viviendas, que pone las viviendas en manos de las entidades financieras,responsables de la violación flagrante de este derecho”.
La intención de la PAH es presentar este recurso, ya con todos los avales, el 13 o 14 de agosto. En cualquier caso, explica Mayoral, “vamos a mantener la lucha social de manera ininterrumpida”. Y en cualquier caso, la posibilidad de interponer acciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o las Naciones Unidas por violación de varios convenios también está abierta.
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