La estructura de la función pública no es igual en toda España. Incluso hay quien habla de un modelo catalán, mucho más basado en la concertación de servicios. Cataluña es la comunidad con menos empleados públicos por cada 1.000 habitantes, según los datos del Instituto de Estadística (INE). De hecho, el arco mediterráneo es el que tiene menos empleados públicos en proporción a su población. En Cataluña no llegan a 41 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, en Valencia son poco más de 45 y en las islas Baleares, 48.
Estas proporciones quedan muy lejos de las comunidades con más funcionarios por cada 1.000 habitantes, que son Extremadura, con casi 82; Castilla y León, con más de 66; Aragón, con más de 65, y Andalucía, con 58, además de Madrid, con 60,7, aunque en este caso una buena parte se explica porque esta comunidad acoge el grueso de los servicios centrales de la administración de el Estado. Todo lo contrario que en Cataluña, donde la administración central sólo aporta el 9% de los empleados públicos, el porcentaje más bajo de todo el Estado.
Según un estudio de la patronal Pimec, en Cataluña un 9% de los empleados públicos son del Estado, un 54,7% de la Generalitat, un 28,1% de las administraciones locales y el 8,2% de las universidades. En el conjunto del Estado el peso del empleados públicos de la administración española es mucho más elevado, del 21,1%, mientras que el porcentaje de empleados de la administración autonómica es ligeramente inferior que en Cataluña, del 50, 5% -si bien hay que tener en cuenta que Cataluña, a diferencia de otras comunidades, tiene policía propia y tiene traspasadas las cárceles-. En el conjunto del Estado las administraciones locales aportan el 22,7% de los empleados públicos, una proporción inferior que en Cataluña, y los empleados de universidades son el 5,8%, también por debajo de Cataluña.
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