SEVILLA.- Vivienda mantiene cuatro promociones en Granada, Almería y Jaén sin inquilinos desde hace años. No logra venderlas ni alquilarlas. Uno de los bloques fue reconvertido en residencia de estudiantes, con un sobrecoste de 176.000 euros, pero cerró por falta de demanda. El Defensor del Pueblo andaluz denuncia que la mala gestión de la vivienda pública “incentiva” a los ocupas.
El Gobierno andaluz, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), gastó 2,3 millones de euros en la urbanización, construcción y adjudicación de un edificio de 28 viviendas de protección oficial (VPO) en el barrio de Almanjáyar, en la zona norte de Granada. Se suponía que iba a ser una zona de expansión de la capital granadina, como tantas otras zonas de expansión urbanística antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pero aquellas VPO nunca se vendieron. La crisis cerró de golpe el crédito interbancario y los jóvenes no podían acceder a una hipoteca, ni siquiera con los precios ventajosos de una vivienda pública. Como el plan A no funcionó, a la Junta se le ocurrió un plan B: invirtió otros 176.000 euros para reconvertir aquellas 28 VPO en 80 alojamientos, levantando tabiques para subdividir lo que antes era un piso amplio en tres minipisos con espacios compartidos.
El mismo camino que el edificio de Almanjáyar siguieron otras dos promociones propiedad de la Junta, una en Sevilla capital, en el céntrico barrio de San Bernardo, y otra en Jerez de la Frontera (Cádiz).
En ciertos municipios, como Olula del Río o Loja, hay promociones enteras vacías, y sin embargo no hay ni ha habido registro municipal de demandantes.
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