Juicio a 20 militantes del SAT por la expropiación de alimentos en Mercadona

Goteo.org - A 20 militantes del SAT - Sindicato Andaluz de Trabajador@s - les piden por esa acción 30 años de prisión y 14.000 euros de fianza
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  El 5 de septiembre de 2019, 20 militantes del SAT, nos tuvimos que enfrentar a un juicio donde se nos pedía por parte de la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por Mercadona, un total de 30 años de cárcel, un año y medio por persona.
  La causa del juicio es la expropiación de alimentos realizada en un centro comercial Mercadona, en agosto de 2012, hace siete años.

Una situación insostenible en Andalucía

  Conviene recordar las circunstancias de aquel verano de 2012 en el que el SAT llevó a cabo

un conjunto de acciones incluida la expropiación de alimentos de primera necesidad de un Mercadona, en Écija y de un Carrefour, en Arcos de la Frontera.
   Andalucía afrontaba entonces los golpes más duros de la crisis capitalista: un millón y medio de personas en paro, 300.000 familias no tenían ningún tipo de ingreso, decenas de desahucios cada día, largas colas en comedores sociales, un 30% de nuestra infancia no podía tener una alimentación adecuada y necesaria…
  Mientras tanto, 400.000 toneladas de alimentos se tiraban a la basura y los informativos abrían las noticias con la prima de riesgo, los tipos de interés y el posible rescate de España, ocultando el sufrimiento de las familias durante cinco años de crisis económica continúa.
  En ese marco, desde el SAT, iniciamos una campaña de movilizaciones con la finalidad de que esta amarga realidad saliera a la superficie, que se hablara menos de la prima de riesgo y más de las necesidades de la gente corriente. Era necesario también señalar a los culpables de la crisis y por eso se ocuparon sucursales bancarias. Y al mismo tiempo que se denunciaba la situación se planteaban posibles soluciones.
  En julio, se ocuparon ayuntamientos y oficinas de empleo exigiendo a los gobiernos, tanto el central como el autonómico, un plan de empleo especial que creara trabajo en nuestros pueblos. Se ocupó también la finca militar de las Turquillas durante más de 20 días exigiendo que sus 1.200 hectáreas se pusieran a funcionar y generaran empleo en la comarca. Meses antes, en marzo, se había ocupado también la finca pública de Somonte para impedir su privatización.
  Y dentro de esta agenda de movilizaciones, se acordó la expropiación de alimentos básicos para llamar la atención pública sobre la situación crítica que sufrían miles de familias que estaban literalmente pasando hambre física en Andalucía.
  Posteriormente, a esta acción se llevaron a cabo las Marchas Andalucía en Pie que durante agosto y septiembre recorrieron las ocho provincias conectando el medio rural con las cuidades y las luchas de ambos. Las expropiaciones de alimentos y las marchas generaron una onda expansiva que fortalecieron todas las luchas, no solo al SAT, y que desembocaron en las Marchas de la Dignidad que el 22 de marzo de 2014 llevaron a Madrid a más de un millón y medio de personas de todos los pueblos del Estado exigiendo el fin de las políticas que hacían pagar la crisis a quienes no la habíamos generado.

Mercadona denunció acusándonos de robo

  Se nos acusa de robo. Cuando se roba se pretende obtener un beneficio o un lucro de ese robo. Los alimentos de primera necesidad, con un valor monetario mínimo, fueron entregados con luz y taquígrafos, con los medios de comunicación delante, en La Corrala Utopía, un bloque de viviendas que fue ocupado durante meses por familias sin hogar y sin recursos.
  Las dos acciones de expropiación llevadas a cabo en el Mercadona de Écija (Sevilla) y en el Carrefour, de Arcos de la Frontera (Cádiz), fueron simultáneas. En ninguno de los dos casos se empleó violencia alguna, los carritos de comida salieron rápidamente por la puerta sin que los guardias de seguridad reaccionaran a tiempo para impedirlo. En Arcos, Carrefour decidió no denunciar y asumir la «entrega» de los alimentos. En cambio, Mercadona, denunció acusándonos de robo con fuerza.
  Desde entonces, la situación no ha cambiado mucho, ahora simplemente se disfraza el paro con un empleo precario que se traduce en que miles de familias trabajadoras andaluzas son pobres aunque tengan un contrato de trabajo por el incumplimiento generalizado de los convenios y de los derechos laborales más básicos.

Sin embargo, se puede decir que aquellas acciones pusieron en el punto de mira la realidad que se estaba ocultando durante años y que padecían en silencio millones de personas. Por ello, nos reclaman 14.000 euros en concepto de fianza.