Hace más de una década del comienzo de una de las mayores crisis económicas del capitalismo. Sus efectos más visibles fueron el empeoramiento de las condiciones materiales de vida para la inmensa mayoría, pero también el aumento del dominio de la economía, la mercancía y el dinero sobre aún más esferas de la vida. Aunque todo esto no se produjo sin conflicto. Una ola de movilizaciones recorrió el mundo e impugnó la marcha que se quiere imponer al mismo.
Bajo el lema “No somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, miles de personas con sensibilidades políticas muy distintas se manifestaron en Madrid el 15 de mayo de 2011. Una veintena de personas fueron detenidas esa noche y otra veintena decidió acampar en la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su solidaridad con las personas detenidas y exigir su liberación. Tras un brutal desalojo de las personas acampadas en la plaza, cientos de personas volvieron a acampar al día siguiente, y miles se acabaron encontrando en la plaza. Durante semanas se organizaron asambleas abiertas en la plaza, movilizaciones y acciones de protesta, y también ensayos de autoorganización que apuntaban a formas diferentes de entender y de hacer. Ese movimiento, difuso y diverso, surgió de la rabia y de la indignación, pero también de la esperanza. En su primera hora se materializó con un gesto de solidaridad con las personas detenidas y en respuesta a los abusos y la impunidad de la violencia policial, que solo respondía al miedo del poder a la movilización en la calle.
Las personas detenidas el 15M fueron puestas en libertad con cargos en espera de juicio tras pasar 72 horas detenidas e incomunicadas en comisaría. Al salir escribieron un comunicado en el que denunciaban las agresiones y vejaciones a las que que fueron sometidas, tanto en el momento de la detención como durante los días que pasaron en los calabozos, denuncia que no fue objeto de ninguna investigación ni por parte de la fiscalía ni de ninguna otra institución gubernamental. Nada fuera de lo común, por otro lado. Como tampoco son ajenos a la normalidad los cambios en la versión de la policía y los hechos y cargos de que se iba acusando a los detenidos. Años de instrucción de un juicio en el que no hay más pruebas que las declaraciones de los policías, y años desde que esa fase de instrucción se cerró hasta que los tribunales han tenido a bien fijar una fecha para el juicio.
En febrero de 2019, ¡casi ocho años después!, 14 de aquellas personas que fueron detenidas el 15 de mayo de 2011 se enfrentan a cargos de hasta 6 años de prisión (un total de 74 años si sumamos todas las penas). No son las únicas. Hay cientos de juicios a activistas esperando, muchos de ellos también desde hace 7, 8, 9 años. En casi todos los casos el esquema se reproduce como si siguiese un guión: detención violenta, agresiones y humillaciones en comisaría, cambios de la versión policial… Aunque en muchos casos hay numerosos documentos visuales de las agresiones policiales, ninguno de ellos ha sido objeto de investigación de oficio, muy pocos llegaron a jucio, y en ninguno de ellos ha habido ni condena, ni responsablidad del Estado, ni reconocimiento de los daños causados (ni siquiera en los casos más graves, como el asesinato de Íñigo Cabacas).
El objetivo de la represión es claro: servir de escarmiento, asegurarse de que todo el mundo sepa que por manifestarse, protestar, organizarse y luchar se puede acabar apaleado, detenido y encarcelado. Y con ello mantener la impunidad, esconder la verdad de quién ejerce realmente la violencia, crear un clima de miedo que asegure la desmovilización y la sumisión a las condiciones dictadas por la economía, ejecutadas por los gobiernos y blindadas por la policía y la justicia. Y así, en todo el mundo la represión se recrudece, los estados de excepción se amplían y la maquinaria judicial se engrasa para evitar cualquier atisbo de nuevas protestas, de nuevas formas de autoorganización, de cualquier impugnacion por pequeña y parcial que sea del mundo tal y como es, y tal y como el poder económico puede permitir que sea.
Pero no les resultará fácil someternos, y mucho menos callarnos ni encerrarnos. Frente a los viejos y nuevos autoritarismos, frente a la represión de las luchas sociales, frente a la nueva normalidad de la mordaza y las leyes de excepción, siempre responderemos con la solidaridad.
Si nos tocan a una, nos tocan a todas. En febrero de 2019 nos juzgan a todas. Y no nos quedaremos ni calladas ni quietas.
Exigimos la absolución para los 14 del 15M y la revisión de todas las causas judiciales pendientes.
Asamblea Popular de Lavapiés 15M
