Primer triunfo judicial de la Marea Blanca contra los 'privatizadores' de la sanidad madrileña

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El Boletín

La ‘marea blanca’ ha dado un paso importante hacia su objetivo de evitar la privatización de la sanidad pública madrileña. Todo gracias a la decisión de un juez que está dispuesto a revisar las primeras ‘externalizaciones’ de hospitales, impulsadas hace una década por el Gobierno de Esperanza Aguirre. La expresidenta ya no dirige las operaciones, al menos desde la primera línea, donde se sitúa ahora Ignacio González, su delfín, pero la raíz de todo lo que sucede se encuentra sin duda en su largo y polémico mandanto. En esa etapa se pusieron las ‘primeras piedras’ de una manera de gestionar lo público que, con el argumento de una supuesta eficiencia y un ahorro jamás comprobado con los datos, ponía el patrimonio de todos al servicio del negocio de unos grupos privados muy concretos. El examen completo de este periodo de ‘gloria’ del neoliberalismo aún está por hacer. Pero, sin entrar en demasiados detalles, habría que recordar que incluye asuntos tan espinosos como la trama Gürtel o los casos de espionaje que se dieron en el seno del propio PP madrileño. De momento, la decisión del juez de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, de admitir a trámite la querella de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) por posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de los hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles) y Torrejón de Ardoz, pone el punto de mira sobre algunas personalidades singulares que tuvieron un papel destacado en el origen del proceso.  Esperanza Aguirre junto al ex consejero de sanidad, Manuel  Lamela Hay nueve personas imputadas, y entre ellas destacan los ex consejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, quizá los dos usuarios paradigmáticos de esa puerta giratoria entre lo público y lo privado que tantos representantes de los ciudadanos han utilizado en los últimos tiempos. En su caso, fueron de la política a los negocios y, presuntamente, sacaron partido de sus contactos y de sus propias decisiones como responsables públicos sin ningún pudor.  Lamela, además, es un hombre con muy mala prensa entre los profesionales de la medicina por su fallida campaña contra el doctor Luis Montes a quien, poco más o menos, quiso responsabilizar del fallecimiento de algunos pacientes en las Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Una estrategia que se estrelló contra los tribunales que finalmente dictaminaron la total inocencia del médico. Güemes, esposo de Andrea Fabra, y yerno del ex presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Es un producto perfecto de la clase política de esa etapa dorada del PP madrileño. Con buenos contactos, implantación familiar y la protección de dos mentores de lujo que le llevaron de la mano desde el principio: primero Rodrigo Rato y luego Esperanza Aguirre.  Pero en el proceso de ‘expolio’, que algunos comentaristas detectan en la sanidad madrileña también se ha producido el caso contrario. Como el director general de hospitales Antonio Burgueño, un profesional del negocio sanitario privado que, según aseguran muchos profesionales, se integró en la administración para ‘asegurarse’ de que los planes salían tal y como se había previsto.  Sea o no cierta esta versión, la verdad es que la trayectoria profesional de Burgueño aporta cierta verosimilitud a los comentarios. Este doctor, que ya supera los 70 años, fue director asistencial de Adeslas entre1990 y 2001) y se le considera uno de los padres del polémico hospital La Ribera de Alzira (Valencia), inaugurado en 1999, pionero en este sistema de gestión privada de la sanidad pública.  Más tarde, tras un periodo al servicio de la Xunta de Galicia, reaparece en Madrid al servicio de Capio para participar en la puesta en marcha del hospital de Valdemoro, que copiaba la horma valenciana. Desde allí y de la mano de Güemes, desembarcaría como director general en la Consejería madrileña. La admisión a trámite de la querella de Afem es, sin duda, un esperanzador primer paso. Pero la batalla sólo acaba de empezar y hay observadores que manifiestan su temor a que el proceso se ‘embarranque’.  Todo por culpa de la amplitud de las investigaciones que propone el magistrado en un auto, que alcanza dimensiones oceánicas en el que aparecen imputados esos personajes clave de los que hablábamos antes, pero también otros menos significativos, cuyo papel no fue tan relevante. Como Asisa que sólo tiene una pequeña participación en el hospital de Torrejón. Los médicos, satisfechos y esperanzados Pero, pase lo que pase en el futuro. Hoy es un día de celebración para la ‘marea blanca’ Patricia Alonso, miembro de la junta directiva de la AFEM, ha indicado a EL BOLETÍN que los médicos están “muy satisfechos y esperanzados” tras conocer esta noticia, sobre todo porque “desde el principio le dimos una importancia muy grande al proceso judicial”.  El colectivo considera que “la admisión a trámite demuestra la independencia judicial” y da importancia a la denuncia de la Asociación sobre las irregularidades del pasado, la falta de control y de transparencia en este proceso. Además, creen que “si ha pasado con tres, cuando haya nueve hospitales privatizados las consecuencias serán más deplorables”. Sobre la posibilidad de que las imputaciones a la cúpula de Sanidad que inició las privatizaciones pueda influir en el actual proceso puesto en marcha por Lasquetty, Alonso ha señalado que “mientras no haya garantías de que no habrá irregularidades en estos hospitales como ha ocurrido en los tres ya privatizados, ni haya seguridad económica y sanitaria para los pacientes, creemos que la suspensión del concurso sería lo apropiado”. Por último, ha criticado a las declaraciones de Lasquetty, quien ha acusado a los médicos de obedecer las órdenes del PSM contra la privatización de hospitales, como “vergonzosas”. En su opinión, el Gobierno regional parece no entender que “hay colectivos independientes.  Hemos dejado clara nuestra independencia, sólo somos médicos y ciudadanos. Estas declaraciones son una falta de respeto a la ciudadanía y un signo más de que la sociedad ha demostrado mayor madurez política”. Asimismo, ha considerado que “cuando recurren a esto es que no tienen otras herramientas para defenderse, sólo atacar” a quienes defienden la Sanidad pública. El consejero de Sanidad ha dado muestras de no haber recibido de buen grado la noticia de las imputaciones no sólo por cargar contra la AFEM al asegurar que la querella es una “maniobra política del PSM y de su sindicato médico”.  Según ha indicado Lasquetty, estos primeros hospitales con gestión externalizada (el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital de Torrejón) no sólo “cumplen con un umbral de satisfacción muy alto”, sino que con un 92% de ratio superan incluso a la media de hospitales de la región, que también cuentan con una satisfacción muy alta entre los pacientes. Además, ha tratado de quitar importancia al asunto indicando que las querellas son siempre admitidas cuando no tienen defectos de forma y se ha mostrado “seguro de que se actuó correctamente” durante la primera externalización, pues se desarrolló con “todos los procedimientos legalmente establecidos”.