La causa del juicio es la expropiación de alimentos realizada en un centro comercial Mercadona, en agosto de 2012, hace siete años.
Conviene recordar las circunstancias de aquel verano de 2012 en el que el SAT llevó a cabo un conjunto de acciones incluida la expropiación de alimentos de primera necesidad de un Mercadona, en Écija y de un Carrefour, en Arcos de la Frontera.
Andalucía afrontaba entonces los golpes más duros de la crisis capitalista: un millón y medio de personas en paro, 300.000 familias no tenían ningún tipo de ingreso, decenas de desahucios cada día, largas colas en comedores sociales, un 30% de nuestra infancia no podía tener una alimentación adecuada y necesaria…
Mientras tanto, 400.000 toneladas de alimentos se tiraban a la basura y los informativos abrían las noticias con la prima de riesgo, los tipos de interés y el posible rescate de España, ocultando el sufrimiento de las familias durante cinco años de crisis económica continúa.
En ese marco, desde el SAT, iniciamos una campaña de movilizaciones con la finalidad de que esta amarga realidad saliera a la superficie, que se hablara menos de la prima de riesgo y más de las necesidades de la gente corriente. Era necesario también señalar a los culpables de la crisis y por eso se ocuparon sucursales bancarias. Y al mismo tiempo que se denunciaba la situación se planteaban posibles soluciones.
En julio, se ocuparon ayuntamientos y oficinas de empleo exigiendo a los gobiernos, tanto el central como el autonómico, un plan de empleo especial que creara trabajo en nuestros pueblos. Se ocupó también la finca militar de las Turquillas durante más de 20 días exigiendo que sus 1.200 hectáreas se pusieran a funcionar y generaran empleo en la comarca. Meses antes, en marzo, se había ocupado también la finca pública de Somonte para impedir su privatización.
Y dentro de esta agenda de movilizaciones, se acordó la expropiación de alimentos básicos para llamar la atención pública sobre la situación crítica que sufrían miles de familias que estaban literalmente pasando hambre física en Andalucía.
Posteriormente, a esta acción se llevaron a cabo las Marchas Andalucía en Pie que durante agosto y septiembre recorrieron las ocho provincias conectando el medio rural con las cuidades y las luchas de ambos. Las expropiaciones de alimentos y las marchas generaron una onda expansiva que fortalecieron todas las luchas, no solo al SAT, y que desembocaron en las Marchas de la Dignidad que el 22 de marzo de 2014 llevaron a Madrid a más de un millón y medio de personas de todos los pueblos del Estado exigiendo el fin de las políticas que hacían pagar la crisis a quienes no la habíamos generado.
Se nos acusa de robo. Cuando se roba se pretende obtener un beneficio o un lucro de ese robo. Los alimentos de primera necesidad, con un valor monetario mínimo, fueron entregados con luz y taquígrafos, con los medios de comunicación delante, en La Corrala Utopía, un bloque de viviendas que fue ocupado durante meses por familias sin hogar y sin recursos.
Las dos acciones de expropiación llevadas a cabo en el Mercadona de Écija (Sevilla) y en el Carrefour, de Arcos de la Frontera (Cádiz), fueron simultáneas. En ninguno de los dos casos se empleó violencia alguna, los carritos de comida salieron rápidamente por la puerta sin que los guardias de seguridad reaccionaran a tiempo para impedirlo. En Arcos, Carrefour decidió no denunciar y asumir la «entrega» de los alimentos. En cambio, Mercadona, denunció acusándonos de robo con fuerza.
Desde entonces, la situación no ha cambiado mucho, ahora simplemente se disfraza el paro con un empleo precario que se traduce en que miles de familias trabajadoras andaluzas son pobres aunque tengan un contrato de trabajo por el incumplimiento generalizado de los convenios y de los derechos laborales más básicos.
Sin embargo, se puede decir que aquellas acciones pusieron en el punto de mira la realidad que se estaba ocultando durante años y que padecían en silencio millones de personas. Por ello, es preciso y necesario que el 5 de septiembre toda esa dignidad y solidaridad que sigue estando ahí se ponga de nuevo en marcha para arropar a quienes nos enfrentamos de nuevo a su justicia. Esa justicia tuerta que encarcela a jornaleros y reprime a quien se rebela mientras deja libres a corruptos, banqueros y familiares de borbones.
El SAT reocupa la finca pública de Somonte
Palma del Río - CÓRDOBA 26/8/2019 - Esta mañana militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as han vuelto a ocupar la finca pública Somonte que fue desalojada hace 71 días. El SAT lleva ocupando la finca, propiedad de la Junta de Andalucía, siete años.
Ahora 71 días después del último desalojo, el SAT ha vuelto a Somonte. La finca que fue puesta en venta por la Junta de Andalucía fue ocupada por el SAT hace siete años precisamente para evitar su paso a manos privadas y con el objetivo de que cumpliera una función social: dar trabajo a las personas en paro de la comarca.
El sindicato reivindica que llevan tres años seguidos sembrando y cosechando las 400 hectáreas, «pero solo cultivos de secano, cereales sobre todo, que sin las ayudas de la PAC es lo comido por lo servido» matiza Óscar Reina, portavoz nacional del SAT.
Reina explica que no quieren la propiedad: «Nuestro objetivo es que la tierra cumpla una función social, queremos que siga siendo pública, pero que nos la cedan para poder explotarla y dar trabajo».
Con esa cesión de uso, el portavoz nacional del SAT manifiesta que «se podría invertir en regadío y sembrar cultivos sociales ecológicos, que necesitan mucha mano de obra y darían muchas peonadas en la comarca, mitigando los altos índices de desempleo»-
Siete años y cinco meses después de la primera ocupación de la finca, de la que han sido desalojados, al menos seis veces, el SAT ha vuelto a Somonte con la misma filosofía: «la Tierra es un bien de la naturaleza, y por tanto no debería ser una mercancía que se compra y se vende, sino un medio común y público para dar trabajo y cuidar el medio ambiente».
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