ANDALUCÍA 19/2/20 - La plataforma, constituída por las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USTEA, la Confederación de Asociaciones de padres y madres CODAPA, y el Frente de Estudiantes FdE, ha anunciado en una rueda de prensa celebrada esta misma mañana su más rotundo rechazo a este nuevo Decreto y llama a la movilización y la huelga por la defensa de la escuela pública.
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de Andalucía del nuevo Decreto que regula la escolarización en nuestra comunidad el pasado lunes, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles cuatro de marzo para mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.
Para esta plataforma son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahonda en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de “demanda social” traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y tal y como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho.
Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados – concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas.
En este sentido es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años.
Por otro lado, esta plataforma no puede compartir el hecho de que en un contexto de descenso de la natalidad en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la administración prioriza la aprobación de un decreto encaminado a favorecer a la educación concertada y a sus patronales.
Por último se hace preciso dejar rotundamente claro que la aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto.
Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública llamamos a toda la comunidad educativa a adherirse, construir y participar en la huelga del próximo cuatro de marzo para poder revertir este Decreto.
Satisfación en la patronal de la enseñanza
Por su parte, la patronal CECE Andalucía, que representa a 425 centros privados en la comunidad, considera que la nueva normativa sólo supone un "avance limitado" por la planificación. Y que "este decreto debe venir acompañado de "una política de atención de la demanda social en los conciertos educativos". Es decir, que se concierten más unidades.
Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de Andalucía del nuevo Decreto que regula la escolarización en nuestra comunidad el pasado lunes, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública ha decidido convocar una huelga educativa el próximo miércoles cuatro de marzo para mostrar el más completo desacuerdo con esta nueva normativa, ya que se trata de un ataque a la línea de flotación de la escuela pública andaluza.
Para esta plataforma son del todo inaceptables y de una gravedad extrema las medidas que pretenden implementar que, sin ninguna duda, ahonda en la línea política de liberalización y privatización de los servicios públicos que el gobierno de Andalucía está llevando a cabo. La profundización en las políticas de libertad de elección de centro y la planificación educativa regida por criterios de “demanda social” traerán como consecuencia un incremento de la segregación escolar, como ya ha sucedido en la Comunidad de Madrid, y tal y como advierten numerosos estudios realizados al respecto. Es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva del derecho a la educación en condiciones de igualdad y estas políticas segregadoras y de ataque al sistema público no garantizan este derecho.
Además, para las organizaciones integrantes de esta plataforma la discriminación positiva que esta nueva norma extiende sobre los centros privados – concertados, al establecer la máxima puntuación por proximidad en un centro de cada tipo, abrirá, más aún, la puerta para la supresión de unidades públicas.
En este sentido es preciso recordar que la escuela pública lleva sufriendo la problemática del cierre de aulas de una manera especialmente grave en los últimos años.
Por otro lado, esta plataforma no puede compartir el hecho de que en un contexto de descenso de la natalidad en lugar de apostar por una bajada de la ratio y por mejorar la atención y los recursos de la escuela pública para mejorar su calidad, la administración prioriza la aprobación de un decreto encaminado a favorecer a la educación concertada y a sus patronales.
Por último se hace preciso dejar rotundamente claro que la aprobación de este decreto no es fruto del consenso con la comunidad educativa, tal y como aseguró el Consejero de Educación, Javier Imbroda, ya que tanto en el Consejo Escolar de Andalucía como en los espacios de negociación con las organizaciones sindicales se ha mostrado el rechazo a las medidas más agresivas para la educación pública que introduce este decreto.
Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública llamamos a toda la comunidad educativa a adherirse, construir y participar en la huelga del próximo cuatro de marzo para poder revertir este Decreto.
Satisfación en la patronal de la enseñanza
Por su parte, la patronal CECE Andalucía, que representa a 425 centros privados en la comunidad, considera que la nueva normativa sólo supone un "avance limitado" por la planificación. Y que "este decreto debe venir acompañado de "una política de atención de la demanda social en los conciertos educativos". Es decir, que se concierten más unidades.
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