Comunicado Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Terminó la legislatura anterior con la aprobación de la primera ley estatal de vivienda que, aunque se denomina Ley por el Derecho a la Vivienda, está muy lejos de garantizar el ejercicio de este Derecho Humano y fundamental. Si tras las pasadas elecciones autonómicas, y el ascenso de la derecha y la extrema derecha a los gobiernos, todo apuntaba a la inaplicación de esta ley, a pesar de su debilidad, Feijóo, como antes hizo Vox, ha incluido explícitamente en su programa de gobierno su derogación, lo que demuestra, una vez más, el repelús que a las derechas les genera el derecho a la vivienda, y sus simpatías y apoyos a los especuladores. No olvidemos que Junts también votó en contra.
La ley, ahora en vigor, es un paso, leve, pero un paso en la dirección de anteponer el Derecho Humano a la vivienda a la especulación depredadora vigente. No obstante, y aunque se pudiera reeditar un gobierno progresista tras las elecciones, la ley no se aplicaría en las CCAA gobernadas por las derechas, por lo que medidas como la declaración de zonas tensionadas para limitar las subidas de los alquileres, que no van a ser reguladas y quedarán muy lejos del disfrute de la inmensa mayoría de la población, o como los procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto deben establecer las Administraciones Públicas…
Por eso, y para animar el voto a opciones progresistas, reclamamos el compromiso de éstas para reformarla, de manera que se impida el bloqueo en la mayoría de las CCAA y que sus medidas no queden más que en un simple e inútil esfuerzo, y puedan beneficiar a la mayoría.
Las reformas que pedimos son:
1. Reforma de la ley basada en el artículo 149.1.1º de la Constitución, estableciendo un derecho mínimo exigible para toda la población, al margen de su lugar de residencia. La propia Constitución, en su artículo 47, mandata a todos los poderes públicos sin excepción a facilitar ese ejercicio e impedir la especulación.
2. Incluir la obligación a los grandes tenedores, de ofrecer alquiler social antes de instar un proceso judicial de desahucio a personas/familias vulnerables y al realojo por parte de las Administraciones Públicas cuando se inste por pequeños propietarios; de hecho, prohibición de desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional.
3. Limitar los precios de los alquileres y sus subidas a un máximo del 30% de los ingresos, incluyendo alquiler/hipoteca y suministros.
4. Plan de Choque de ampliación del Parque Público: -con las viviendas de la Sareb cedidas a los parques de las CCAA y ayuntamientos; -con la incorporación de las viviendas de la banca rescatada por el valor del rescate impagado; -con la movilización de las viviendas vacías de los grandes tenedores y la puesta en marcha de programas de solidaridad ciudadana de las de pequeños propietarios; -el desarrollo en todo el Estado de los derechos de tanteo y retracto, así como la ampliación en los Planes de Vivienda de los presupuestos para concurso, compra directa y construcción de viviendas de alquiler.
5. Introducir mecanismos para que los ayuntamientos y/o la ciudadanía puedan promover la declaración de zonas tensionadas.
Además de las reformas señaladas a la ley, reclamamos medidas en políticas de vivienda, como la limitación de los efectos del euríbor en las revisiones de las hipotecas variables y una progresiva reducción del gasto público en políticas de vivienda que no generen beneficio colectivo, como los avales para hipotecas, orientando la inversión a la expropiación de viviendas desocupadas (3,8 millones acaba de cifrar el INE), e ir destinándolas a Parque Público para alquiler asequible y de carácter social.
No podemos olvidar medidas para evitar la pérdida de viviendas, como la disponibilidad de créditos blandos para familias o colectivos especiales (mayores, discapacitadas, migrantes, violencia de genero, jóvenes tutelados), la ampliación de los Códigos de Buenas Practicas (CBP) y de la moratoria hipotecaria que finaliza el 15 de julio de 2024. Así como la modificación de la LAU para el reconocimiento de contratos de por vida para ciertos colectivos y regulación de los alquileres por habitaciones, la responsabilidad limitada y medidas contra el sobreendeudamiento de las familias, con una segunda oportunidad que permita conservar la vivienda habitual, así como la de los avalistas y la garantía de suministros básicos, evitando los cortes a las familias vulnerables.
Estas medidas, que resultan imprescindibles para que el Derecho a la Vivienda comience a ser real, son los compromisos necesarios que reclamamos de los partidos progresistas, para que la gente sepa qué políticas de vivienda apoyan y a quiénes tienen que apoyar para avanzar en el Derecho a la Vivienda.
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