WiquipediA - En la España franquista funcionaron multitud de campos de concentración entre 1936 y 1947, algunos con carácter estable y otros muchos provisionales. Todos ellos estaban coordinados por el llamado Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (SCPM) y formaban parte de los instrumentos de la represión franquista. En 1946, diez años después del comienzo de la Guerra Civil, todavía estaban operativos 137 campos de trabajo y 3 campos de concentración, en los que estaban acogidos 30 000 prisioneros políticos.
Algunos historiadores han señalado a funcionarios nazis de la Gestapo como los organizadores de la red de campos de concentración franquistas, y que en buena medida se inspiraron en los campos de concentración de la propia Alemania nazi para el diseño de los españoles. Entre aquellos oficiales nazis destacó especialmente Paul Winzer, Jefe de la Gestapo en España y jefe durante algún tiempo del campo de concentración de Miranda de Ebro. Hay autores que van más allá e incluso sostienen que fue Winzer el verdadero autor de toda la organización de los campos de concentración franquistas. Por otra parte, diversos recintos, como los campos de Laredo, Castro Urdiales, Santander o El Dueso, fueron habilitados y gestionados inicialmente por batallones del Corpo di Truppe Volontarie de la Italia fascista.
El último campo de concentración en cerrar fue el de Miranda de Ebro, clausurado en enero de 1962 ( Nota: En julio de 1937 Franco creó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros (ICCP). Se conoce muy poco sobre ellos. Nuevos estudios arrojan más luz sobre un tema que se sigue ocultando )
Terminaban en estos campos de concentración desde ex combatientes republicanos del Ejército Popular, las Fuerzas Aéreas y la Marina de Guerra, hasta disidentes políticos y sus familiares, indigentes, independentistas marroquíes, homosexuales, gitanos y presos comunes. Al igual que en otros muchos campos de concentración, los prisioneros estaban jerarquizados de tal modo que presos comunes violentos (por tanto sin motivaciones políticas o ideológicas) estaban en un escalón superior a la mayoría de los allí encerrados, trabajando de vigilantes de estos últimos. A pesar de la destrucción masiva de documentación sobre ellos, estudios afirman que los campos se caracterizaron por la explotación laboral de los prisioneros, organizados en batallones de trabajadores. Hay consenso entre los historiadores en afirmar, según testimonios de supervivientes, testigos y los propios informes oficiales franquistas, que las condiciones de internamiento «eran, en líneas generales, atroces». A esto se añadió el hecho de que los sublevados no reconocían a los soldados republicanos como prisioneros de guerra, con lo que nunca se les aplicó el Convenio de Ginebra de 1929 firmado años antes por el rey Alfonso XIII en nombre de España. La ilegalidad en el trato a los reclusos se materializó en el uso de prisioneros para trabajos militares (prohibido explícitamente por la Convención), la preventividad generalizada (internamiento sin condena alguna), uso de la tortura para obtener testificaciones y delaciones, y ausencia de garantías judiciales. Respecto a la oficialidad que administraba los campos, se ha destacado asimismo la corrupción generalizada imperante, que permitió el enriquecimiento de muchos militares y agravó el sufrimiento de los internados bajo su custodia.
