miércoles, 17 de junio de 2020

900 organizaciones y colectivos se ha adherido a la campaña ‘#RegularizacionYa’

900 organizaciones y colectivos se ha adherido a la campaña ‘#RegularizacionYa’ que exige la regularización de las personas migrantes sin papeles entre las medidas extraordinarias por la pandemia del COVID-19 han pedido al Gobierno que «no se deje fuera del ingreso mínimo vital» a las personas migrantes en situación irregular que el Gobierno previsiblemente aprobará ante estas crisis sanitaria.
Según han argumentado en un comunicado, carecer de documentación en regla es un factor de riesgo para la exclusión social y el ingreso mínimo vital debería servir para impulsar la igualdad de toda la ciudadanía. Las 900 organizaciones consideran «cortoplacista e instrumentalista» que el Gobierno haya procedido a la regularización de personas migrantes con formación sociosanitaria y, en el caso de los jóvenes de 18 a 21 años para la contratación en el sector agrario, y exigen que esta se haga extensible a las 600.000 personas en situación irregular que residen en el Estado español de forma «urgente» y «permanente», es decir, más allá del Estado de Alarma y de la crisis causada por el coronavirus.

En una carta dirigida al Gobierno y al Defensor del Pueblo, los 900 colectivos reclaman la regularización «urgente” de personas migrantes en situación irregular en España, y que esta sea “permanente, sin condiciones y extensible a todos los sectores». Asimismo, denuncian que personas en situación irregular se han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia del coronavirus, lo que, a su juicio, «agudiza, aún más, sus precarias condiciones de vida».

Para las entidades que impulsan ‘#RegularizacionYa’, esta demanda «no puede esperar si no se quiere dejar a nadie atrás». Asimismo, apuntan que «si no se lleva a cabo lo antes posible, se condenará a cientos de miles personas a una situación grave de indefensión y derechos vulnerados».
También se quejan de que "La legislación española se ha caracterizado por dejar fuera a las personas que sufren mayor vulnerabilidad y que se encuentran en riesgo de exclusión, en su mayoría personas migrantes y refugiadas», aseguran los colectivos en el documento que se hizo llegar al Ejecutivo. Las organizaciones firmantes sostienen que “estas leyes son redactadas sin tomar en cuenta la realidad de todas las personas que vivimos en España, independientemente de nuestra situación administrativa».

El próximo viernes 19 de junio, una delegación acudirá al Congreso para entregar la propuesta elaborada por la plataforma.
En Catalunya el 20 de julio Unitat Contra el Feixisme i el Racisme convoca concentraciones por ser el Día de los Refugiados.

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